Mujeres con discapacidad doblemente violentadas.. en nicaragua

“Las leyes no están hechas para nosotros. Una persona sorda que desea denunciar ante la policía no es tomada en cuenta ya que para darse a entender necesita un traductor", denuncian afectadas
La violencia intrafamiliar y sexual es un delito en que las mujeres y la niñez son las principales víctimas, pero la victimización es doblemente cruel cuando se trata de personas con discapacidad y de ellas el 97.7 por ciento la han sufrido, según el estudio presentado por la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Feconori, señalando.

Con una muestra de 611 personas entre los 5 a los 60 años de edad, de una población de 21 mil 623 miembros de las diferentes organizaciones, en algún momento en su vida han padecido la violencia.

En el caso del abuso sexual, 23 de las personas consultadas reconocieron haber sido obligadas a mantener relaciones sexuales, lo que representa el 3.8 por ciento de la muestra. Estas son las cifras duras, sin embargo no representa la total realidad dado que reconocer haber sido víctima de abuso sexual es parte de un proceso y no todas están preparadas para reconocer la situación.

David López, presidente de esta organización, el estudio presentado son valoraciones de la problemática que sufren las personas con discapacidad y al buscar protección y respuesta de las autoridades se dan cuenta que existe un gran muro para acceder a la ruta de la justicia.

“Las leyes no están hechas para nosotros. Una persona sorda que desea denunciar ante la policía no es tomada en cuenta ya que para darse a entender necesita un traductor y esto representa la denuncia de una tercera persona. Igual el testimonio de una persona ciega abusada sexualmente, le resulta difícil reconocer a su atacante y aunque la víctima esté segura su testimonio es desacreditado. Eso ocurre y más cuando la víctima es una persona con síndrome de down”, dijo López.

Mencionó que el estudio fue elaborado para analizar la situación, plantear propuestas, tomar acciones y hacer las exigencias necesarias a las autoridades para que sus derechos ciudadanos sean respetados y puedan tener acceso a la justicia.
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Por Rafael Lara | Nacionales