La Junta impulsará la teleinterpretación dirigida a discapacitados auditivos

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de la ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera, entre ellos los servicios de teleinterpretación.


La norma, que amplía la legislación estatal sobre esta materia, se aplicará fundamentalmente en los ámbitos de los servicios públicos, las relaciones con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones.

Establece medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación para la población andaluza afectada por este tipo de discapacidades, que supera las 176.000 personas.

Para ello, incluye disposiciones para fomentar la generalización de los medios técnicos de apoyo dirigidos a aquellas personas con discapacidad auditiva que optan por la comunicación en la lengua oral castellana.

Con una memoria económica inicial de 406,4 millones de euros hasta el año 2014, sus principales novedades son la regulación de los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.

La Junta financió el pasado año la contratación de 281 intérpretes y la previsión es que este número casi se duplique tras la entrada en vigor de la ley.

El texto legal promoverá la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva.

La Administración de Justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

En el ámbito educativo, incluye disposiciones para reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que ya se vienen utilizando en los centros escolares, así como para promover la elaboración de planes de estudio adaptados y programas de formación para el profesorado.

También obligará a facilitar la accesibilidad a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamento de Andalucía y, con carácter general, a la información institucional y a los programas emitidos por los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales de acuerdo con la legislación electoral y sindical.



EFE / http://www.finanzas.com