La Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS) ha pedido este martes pasado la tramitación con carácter de urgencia en el Parlamento de Andalucía del proyecto de Ley que aplica la lengua de signos española en todos los ámbitos de la comunidad, después de que el Consejo de Gobierno haya acordado remitir a la Cámara autonómica esta iniciativa.
En un comunicado, el presidente de la FAAS, Alfredo Gómez, ha informado de que ya ha pedido reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios para que, �tal como ha pedido el ejecutivo autonómico a través de la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, el proyecto se tramite con carácter de urgencia para que pueda ser aprobado antes de que termine el año�.
La norma, que amplía la legislación estatal sobre esta materia, se aplicará fundamentalmente en todas las relaciones de las personas sordas en los servicios públicos, las relaciones con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones. Así, el proyecto regulará los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Respecto a los intérpretes de lengua de signos, el desarrollo de las distintas medidas previstas en el proyecto supondrá una notable ampliación de la dotación de estos profesionales en Andalucía, ya que podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión administrativa y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral.
Además, la futura ley obligará a facilitar la accesibilidad a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamento de Andalucía y, con carácter general, a la información institucional y a los programas emitidos por los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales de acuerdo con la legislación electoral y sindical.
Fuente: Europa Press
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